Ley 32430: Cambios en Renta y Reducción de Impuestos.

La nueva Ley N.° 32430 crea el concepto de arrendamiento justo para ayudar a los dueños de propiedades a pagar menos impuestos, especialmente cuando sus inquilinos tienen deudas o que alquilan sus propiedades de manera informal.

Hasta el momento, los impuestos sobre los ingresos por alquileres se calculaban con base en lo acordado en el contrato (método del devengado). Esto significaba que los propietarios tenían que pagar el 5 % del alquiler, aunque no hubieran recibido el dinero.

Con la nueva ley, los propietarios solo pagarán impuestos sobre el dinero que realmente reciban, ya que el cálculo se hará con base en los ingresos cobrados y no en los pactados. Así, el dueño de una propiedad no tendrá que tributar por los alquileres que no le hayan pagado, según explicó Álvaro Gálvez Calderón, Gerente Legal de la CCL.

Según la justificación de la nueva ley, el objetivo es evitar que los dueños de propiedades paguen impuestos por el dinero que no han recibido. Esto es particularmente útil en casos de morosidad o contratos informales, lo que busca proteger al pequeño arrendador y formalizar el mercado inmobiliario, afirmó el experto.

Efectos de la ley en los arrendadores

La reciente modificación a la ley reducirá los impuestos que pagan los dueños de propiedades cuando sus inquilinos no cumplen con el pago.

Sin embargo, este cambio exigirá a los dueños más documentos (como transferencias y depósitos) para demostrar que de verdad recibieron el dinero. Además, existe la posibilidad de que la SUNAT aumente las fiscalizaciones para confirmar que la información declarada es cierta.

Con respecto a la nueva ley, el experto aconseja a los propietarios que mantengan un control estricto de los ingresos que reciben. Además, les recomienda formalizar los contratos con cláusulas de pago claras y usar el sistema bancario. Es clave que guarden todos los documentos que prueben los pagos, como recibos y transferencias, para evitar problemas

La aplicación de esta ley, que se alinea con el principio de anualidad tributaria, entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con un plazo de 90 días para adecuar el reglamento.