Responsabilidad Penal y Prevención en la Organización y Gestión: Estrategias de acreditación para una defensa eficaz.
PENAL
Fortaleciendo la defensa legal a través del Compliancepenal.
La dinámica del cambio tecnológico ha multiplicado las formas de fraude y delitos que acechan en las organizaciones a nivel mundial. Este fenómeno se refleja en el alarmante incremento de casos de corrupción, en los que están involucradas empresas, como lo evidencian casos emblemáticos.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado mayores obligaciones y políticas imperativas en materia de gobernanza y gestión, como respuesta al crecimiento de los casos de corrupción y fraudes corporativos.
Muchos de estos actos ilícitos se originan a través de fraudes internos, que utilizan los recursos de las organizaciones para estructurar mecanismos destinados a corromper a empresas, instituciones, directivos y funcionarios públicos. Esta problemática representa uno de los mayores desafíos para las empresas e instituciones públicas en Latinoamérica.
Las organizaciones enfrentan peligros significativos en un entorno favorable para la proliferación de prácticas corruptas. Este panorama se agrava por las exigencias del cumplimiento normativo, impulsadas por una tendencia creciente hacia la prevención, el control y la fiscalización.
En consecuencia, el complejo escenario actual exige, independientemente del tipo de organización, realizar cambios internos que permiten adaptarse tanto a las exigencias normativas como a los factores del entorno.
Con un enfoque claro en los riesgos inherentes a sus operaciones, inversiones y relaciones con terceros, las organizaciones deben atender las numerosas cuestiones de índole jurídico-penal que han emergido con mayor intensidad en la última década.
La legislación sobre responsabilidad penal de empresas, incluyendo la Ley Anticorrupción (Ley 30424) y sus modificatorias (D.L 1352 / D.L 1385 y la Ley 30835), así como el reglamento correspondiente, establece medidas claves para la prevención dentro de las organizaciones.
Estas normas promueven acciones orientadas a la mitigación de riesgos, como la elaboración de un mapa de comportamientos, la identificación de las entidades públicas con las que se interactúan y la implementación de estrategias que resguarden tanto el patrimonio como las finanzas de la organización y sus grupos de interés.
Además, exigen contar con instrumentos de administración que permitan realizar negocios de manera íntegra, eficiente, transparente y sostenible.
Esto debe ejecutarse bajo la dirección de un staff idóneo, capaz de implementar un canal de denuncias efectivo para reportar posibles delitos, en cumplimiento con las disposiciones legales.
El objetivo fundamental de esta legislación es establecer un marco que priorice la prevención y el cumplimiento normativo, garantizando que las organizaciones operen alejadas de prácticas corruptas, ya sea en el ámbito privado o público.
De acuerdo con el párrafo anterior, podemos concluir que el cumplimiento normativo implica una complejidad significativa en términos de responsabilidad y riesgos graves. Ante esta realidad, muchas organizaciones y sus directivos muestran una gestión imprudente, caracterizada por una reticencia irreflexiva a implementarlo.
Esta resistencia suele estar motivada por factores como los costos asociados, el esfuerzo necesario para su mantenimiento y las posibles desventajas que podría representar.
Sin embargo, cada día resulta más evidente, a través de la información actual, que una de las mayores amenazas para las empresas e instituciones es el fraude y la corrupción. Ejemplos claros incluyen fraudes relacionados con tecnología, procesos y sistemas, siendo la ciberseguridad uno de los principales focos de riesgo. Según índices internacionales, el 58% de los casos identificados están vinculados a corrupción y fraude en compras y licitaciones, superando incluso los casos de malversación de activos.
El panorama internacional evidencia que la utilización de empresas fantasma es una de las principales estrategias para obtener beneficios económicos ilícitos, especialmente en el ámbito de la contratación e inversión pública, frecuentemente con la complicidad de directivos y funcionarios públicos.
Entre los casos de corrupción más comunes dentro de la compañía destacan la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el soborno, los gastos inflados, la doble contabilidad, el fraude financiero y los conflictos de interés.
Escándalos como los de Enron, Lehman Brothers, Los Panama Papers, Pandora Papers, el caso Madoff, Bahamas Leaks o Luxleaks y la Estafa Ponzi demuestran como estas entidades se utilizan como vehículos diseñados para fines ilícitos y para ocultar actos de corrupción. Estas prácticas resultan especialmente lucrativa debido a las complejas estructuras organizativas, contables y societarias que las respaldan.
En este contexto, diversos organismos internacionales trabajan efectivamente para combatir este fenómeno. Lo hacen mediante la emisión de recomendaciones, la promoción de buenas prácticas y la capacitación dirigida a prevenir y enfrentar el problema transnacional.
Ante esta problemática, resulta indispensable contar con una auditoría forense que permita implementar procedimientos efectivos para analizar y detectar este tipo de situaciones en los procesos o transacciones de la organización.
Uno de los principales debates en este ámbito ha girado en torno al sistema de atribución de responsabilidad, específicamente en la elección entre un modelo de autorresponsabilidad o de heterorresponsabilidad. Sin embargo, esta controversia no se limita a aspectos teóricos o doctrinales, sino que incluye elementos con una influencia significativa en el plano práctico.
Ante los múltiples riesgos y peligros a los que pueden estar expuestas, las organizaciones tienen la imperativa necesidad de implementar el compliance o cumplimiento normativo. Este enfoque es crucial en el proceso de defensa penal en Perú, ya que permite establecer políticas, procesos y controles eficaces para prevenir, detectar y mitigar infracciones legales o reglamentarias.penal
El cumplimiento normativo tiene como objetivo fundamental crear una cultura organizacional basada en la honestidad, la lucha contra el fraude y la anticorrupción. Esta cultura no solo protege los objetivos estratégicos de la organización, sino que también impulsa su crecimiento sostenible. Para lograrlo, es esencial aplicar herramientas prácticas y conocimientos especializados que permitan enfrentar cualquier actividad impropia.
Además, es necesario que el programa interno de compliance esté sincronizado con el marco del COSO, lo que garantizará una estrategia sólida. Este enfoque debe incluir procesos ágiles, un equipo multidisciplinario e independiente, y una alineación con los estándares globales de buenas prácticas en gestión.
En el contexto jurídico peruano, el compliance no solo puede ser una herramienta poderosa para la defensa, sino también para mejorar la eficiencia, productividad y la productividad. Además, facilita una mejor toma de decisiones alienada con la responsabilidad y su impacto en los grupos de interés. Esto demuestra el compromiso y la responsabilidad de la organización con la legalidad, la integridad y la ética empresarial.
El rol de la Auditoría Externa cobra una mayor importancia en el cumplimiento normativo. Este proceso es crucial para la seguridad de la información, la evaluación de la gestión y la identificación de posibles riesgos de incumplimiento normativo. Gracias a ello, la empresa puede tomar medidas preventivas y correctivas de manera oportuna.
La Validación de procesos verifica que los procedimientos y controles internos de la empresa cumplan con las regulaciones vigentes, fortaleciendo así su posición frente a posibles escrutinios.
Además, los auditores externos proporcionar asesoramiento especializado sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo, lo que ayuda a la empresa a mantenerse actualizada y alineada con los requisitos legales.
Por último, la participación de un auditor externo independiente genera mayor confianza y credibilidad en las acciones de cumplimiento de la empresa, tanto a nivel interno como externo.
Es importante resaltar que el compliance en el proceso de Defensa en Perú ha alcanzado un nivel de conciencia significativa en el cumplimiento de las normas y regulaciones.
Esto resulta fundamental en el ámbito de la defensa legal para directivos, representantes, abogados y defensores, quienes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales y procedimentales. Este cumplimiento garantiza una mejor posición para una defensa sólida y efectiva en beneficios de sus clientes.
Como medio defensa, se destaca la importancia de la carga probatoria al momento de demostrar la eficacia o ineficacia de los sistemas de compliance.
Esto es crucial en las estrategias de mitigación de penas y en la aplicación de las mejores prácticas para una defensa exitosa
No establecer sistemas de cumplimiento y directrices forma parte del núcleo esencial del delito corporativo, lo que subraya la necesidad de contar con un sólido framework de compliance en las organizaciones.
Es inobjetable que un sólido programa de compliance contribuye a mitigar la responsabilidad penal de la organización, al demostrar que se han implementado medidas efectivas para prevenir infracciones.
Esta implementación puede influir positivamente en los criterios de la investigación fiscal, lo que podría resultar en una reducción de la pena o, en algunos casos, en la exención de responsabilidad.
Fortalecimiento de la Defensa: El compliance proporciona a la defensa información y evidencia valiosa para respaldar su argumentación. A través de prácticas y estrategias orientadas a prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero, corrupción, soborno, ciberdelincuencia y financiamiento del terrorismo, se fortalece la seguridad, la prevención y el cumplimiento normativo de la organización.
Esto incluye registros de capacitación, auditorías internas, políticas y procedimientos documentados, entre otros elementos que demuestran el compromiso de la organización con el cumplimiento normativo.
Además, fortalece el gobierno corporativo, permitiendo mayor seguridad y confiabilidad en la gestión y toma de decisiones.
Reputación y Confianza: Una sólida cultura de cumplimiento contribuye a preservar la reputación de la organización y generar confianza tanto entre las autoridades como en la comunidad.
Esto impacta favorablemente en la calificación de valor y riesgos de la empresa. Asimismo, es fundamental en su imagen corporativa y en el proceso de defensa, ya que demuestra la integridad y el compromiso de la empresa con la legalidad.
Mitigación de Riesgos: El compliance permite identifica, monitorear, evaluar y mitigar los riesgos de fraude, mediante el diseño de controles efectivos que investigan oportunamente y corrigen cualquier irregularidad. Al conformarse una defensa jurídica sólida, se ayuda a mitigar los riesgos legales a los que se enfrentan las empresas.
Contar con un equipo legal experimentado permite prevenir y abordar eficazmente cualquier infracción o acusación, reduciendo así el impacto negativo en la organización.
Promover una gestión efectiva con ética: Evalúa las habilidades, competencias y desempeño del personal, implementando indicadores y controles alineados con la importancia de cada proceso. Realiza debida diligencia tanto del staff directivo como del cumplimiento de toda la organización, especialmente en puestos clave, aplicando políticas de transparencia y rotación.
Establece políticas de gestión del personal que incluyan la investigación de antecedentes y la evaluación continua del desempeño. Además, organiza talleres regulares de ética, gestión y cumplimiento para todos los empleados, promoviendo así una cultura organizacional basada en la integridad y el cumplimiento normativo.
Preservación de la Reputación: La defensa jurídica efectiva protege la reputación de la empresa, evitando que se vea envuelta en escándalos o procesos judiciales que puedan dañar su imagen pública. Esto es crucial para mantener la confianza de los clientes, proveedores y otras partes interesadas.penal
Optimización de Costos: Una estrategia de defensa jurídica bien planificada puede reducir los costos asociados con procedimientos legales, multas y sanciones. Esto permite a la empresa destinar más recursos a su crecimiento y desarrollo, maximizando su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.penal
Para consultas sobre este u otros temas, visita nuestra: División de Consultoria.
También puedes leer: El Compliance como herramienta clave para proteger el patrimonio y mitigar riesgos en investigaciones penales.
