Seguimos enfrentándonos a un entorno en constantes cambios, caracterizado por la incertidumbre del panorama y una creciente turbulencia que afecta tanto a las empresas como a las instituciones públicas. En el contexto mundial, la polarización, la escasez de recursos, los desafíos ambientales y la crisis económica han generado un incremento en los conflictos sociales y en la actividad de extremismos violentos.
Los grupos terroristas, además de emplear diversos medios para sus ataques físicos, han intensificado el uso de campañas propagandísticas que promueven ideologías radicales y violentas.
A esto se suma un preocupante aumento de extorción, así como de la corrupción a nivel nacional y local. Esta situación ha llevado a las autoridades a adoptar posturas más firmes, implementando mayores requisitos, controles y destinando más recursos para hacer frente a estas amenazas.
En este escenario complejo, las organizaciones enfrentan nuevos retos en la gestión, debiendo adaptarse y responder a un entorno cada vez más exigente y desafiante.
Las organizaciones cuentan con un patrimonio que está compuesto por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que les pertenecen y conforman su balance, permitiendo la continuidad de sus operaciones.
Este patrimonio no solo da vida a su sistema organizacional, sino que también sustenta su productividad, inversión y rentabilidad.
En este contexto, la administración adquiere un rol dinámico y estratégico, centrado en el asesoramiento, la prevención y una mayor participación del área de compliance. La operación de compliance, cada vez más compleja, debe articularse eficientemente con los procesos organizacionales que garantizan la continuidad del negocio.
Las crecientes exigencias regulatorias, la obligatoriedad de entregar información, el incremento de los controles y la necesidad de indicadores de desempeño robustos, demandan un sistema de control interno más proactivo.
Este sistema debe complementarse con una auditoría que sea efectiva, independiente, ágil y confiable, capaz de proporcionar un entorno seguro y resultados en tiempo real para facilitar la toma de decisiones informadas y oportunas.
Solo mediante estas acciones es posible proteger el patrimonio, las operaciones y las actividades de la organización frente a riesgos como fraudes, pérdidas millonarias, costos imprevistos, sanciones regulatorias, casos de corrupción, perdidas de reputación, deterioro de las relaciones con los grupos de interés y la afectación en el clima laboral.
Caso Internacional: La reducción de condena gracias a un Modelo de Compliance: La Audiencia Provincial de Zaragoza, destacó la implementación de un modelo de compliance penal, por parte de una empresa condenada por su participar en un fraude tipo «carrusel» de IVA ocurrido en 2015.
Este esquema fraudulento, que involucró múltiples empresas mediante la simulación de transacciones internacionales, generó un perjuicio de 128,248 euros a Hacienda al deducir indebidamente el IVA.
Tras reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado, la empresa adoptó medidas avanzadas de cumplimiento normativo, como la realización de auditorías que certificaron su sistema, bajo la norma UNE 19601:2017, y la adaptación de su canal de denuncias a la legislación anticorrupción vigente.
Estas acciones proactivas fueron determinantes para que el tribunal aplicara atenuantes en la sentencia, destacando el compromiso de la empresa con la prevención de delitos futuros y la promoción de una cultura de integridad. (fuente: https://ubtcompliance.com/blog/modelo-de-compliance/).
El caso de esta empresa subraya el impacto positivo de contar con un programa de compliance efectivo. La empresa demostró su capacidad para detectar y prevenir irregularidades mediante controles internos robustos. Este sistema no solo fue clave para mitigar las sanciones que incluyeron multas económicas y restricciones fiscales, sino que también ayudó a evitar consecuencias más severas.
La experiencia de la empresa refuerza la importancia del compliance, no solo como una herramienta de autorregulación, sino también como un recurso esencial para minimizar riesgos legales y fortalecer la reputación empresarial.
Cada organización debe comprometerse con la responsabilidad, evaluando en función de la normativa aplicable, su grado de madurez, sus objetivos estratégicos, la disponibilidad de recursos, las políticas de gobernanza, la complejidad de sus procesos y otras variables clave.
Esta evaluación permitirá identificar y valorar su desempeño e impacto, garantizando una gestión efectiva y sostenible.
Es importante señalar que la trilogía conformada por el Cumplimiento Normativo, la Gestión de Riesgos y la Eficacia del Compliance requiere una dinámica flexible y proactiva, capaz de adaptar estrategias ante los constantes cambios del entorno. Estos cambios traen consigo nuevos riesgos no gestionados, los cuales pueden poner en peligro la estabilidad de la organización.
Un Sistema de prevención débil, un gobierno corporativo ineficiente y políticas obsoletas que no responden a la realidad actual, convierte al compliance en un proceso inerte. Esta situación no solo refleja la gestión deficiente, sino también una irresponsabilidad temeraria por parte del directorio y su equipo, lo que va en contra de la misión y la continuidad de la organización.
Recordemos que está vigente la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas, modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 del 07.01. 2017.
Esta normativa amplío la responsabilidad administrativa de la persona jurídica frente a la comisión de delitos de cohecho doméstico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los delitos de cohecho activo genérico (art. 397) y cohecho activo específico (Art. 398).
Posteriormente, el Gobierno promulgó la Ley N°31740 el 13.05.2023, que modifica la Ley N° 30424 con el objetivo de reforzar la responsabilidad empresarial y fortalecer la lucha contra la corrupción, elevando las exigencias y obligaciones en esta materia.
Uno de los cambios más relevantes introducidos por esta modificación, es la eliminación de la eximente de responsabilidad penal de la empresa (Artículo 12° de la ley) por la implementación ex ante de un sistema de prevención. Esta eximente no aplicará si el delito es cometido por socios, directores, administradores, representantes o apoderados de la organización.
Actualizar los programas de cumplimiento en áreas estratégicas resulta fundamental para las organizaciones que buscan detectar y prevenir violaciones penales. En caso de que una empresa sea objeto de una investigación regulatoria, fiscal, penal o civil, contar con evidencia de que ha desarrollado e implementado políticas robustas será clave.
Dichas políticas deben abordar el uso de nuevas plataformas de comunicación, establecer protocolos claros, implementar sistemas de prevención, controles financieros e indicadores de desempeño, además de garantizar la transparencia en información de las operaciones, registros adecuados con protección de datos y procesos documentados.
De esta manera, las organizaciones podrán demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo y su capacidad para operar de manera ética y responsable.
Desarrollar una gestión humana ágil, basada en la debida diligencia y con una rotación planificada, es fundamental para detectar y prevenir malas prácticas de directivos y empleados.
Es crucial ser cuidadoso al delegar responsabilidades, contratar, ascender o asignar puestos de responsabilidad. Para ello, se deben verificar antecedentes y evitar decisiones influenciadas por grupos particulares que promueven intereses propios y busquen ejercer poder en el entorno de las operaciones.
Asimismo, es necesario robustecer el control interno mediante auditorías periódicas, tanto internas como externas, que validen su confiabilidad e idoneidad.
Además, se deben establecer canales de denuncias que no solo cumplan con la normativa vigente y la lucha contra la corrupción, sino que también aseguren procesos de investigaciones interna como salvaguardas efectivas, respetando el derecho de defensa en todas sus etapas y manifestaciones.
Contar con un staff multidisciplinario que opere y monitoree el sistema de compliance, facilita a una organización demostrar, de manera efectiva, su prestigio a través de un programa de cumplimiento sólido, disciplinado y eficaz.
Estas medidas no solo fortalecen la reputación de la organización, sino que también actúan como un escudo de defensa ante las autoridades. Además, pueden influir positivamente en una investigación fiscal, especialmente al momento de que se tomen decisiones relacionadas con una acusación.
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