Responsabilidad en la Gestión: Modelo de Prevención y Acreditación
Gestión responsable a través de la Prevención y Acreditación
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado mayores obligaciones y políticas imperativas de gobernanza y gestión debido al crecimiento de casos de corrupción y fraudes corporativos. Estos se han convertido en uno de los mayores desafíos para las empresas en Latinoamérica.
Los peligros que enfrentan las organizaciones en un entorno propicio para la proliferación de prácticas corruptas se ven agravados por los escenarios del cumplimiento normativo y se impulsan por una tendencia normativa creciente de prevención, control y fiscalización.
Este complejo panorama, independientemente del tipo de organización, exige realizar cambios estratégicos internos que se adapten a las exigencias normativas y a los factores del entorno, con un enfoque claro en los riesgos asociados a las operaciones, inversiones y relaciones con terceros de las organizaciones. Durante la última década, han surgido diversas cuestiones de índole jurídico-penal.
La legislación sobre Responsabilidad Penal de Empresas, que incluye la Ley Anticorrupción Nº 30424 y sus modificatorias D.L 1352 / D.L 1385, así como la Ley Nº 30835 sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, junto con el Reglamento de la Ley 30424 y sus modificatorias D.L 1352 y 30835, establecen la prevención dentro de las organizaciones mediante acciones de mitigación de riesgos.
Estas medidas incluyen la elaboración de un mapa de comportamientos, la identificación de entidades públicas con las que interactúan, y la protección del patrimonio y las finanzas de la organización y sus grupos de interés.
Además, se requiere contar con instrumentos de administración que promuevan la realización de negocios de manera íntegra, eficiente, transparente y sostenible, ejecutados por personal calificado.
Es esencial disponer de un canal de denuncias para reportar delitos, dada la prioridad que la nueva legislación otorga al cumplimiento normativo.
Según el párrafo anterior, se puede inferir que el cumplimiento normativo conlleva una complejidad de responsabilidad y graves riesgos. Frente a esto, muchas organizaciones y sus directivos muestran una imprudente reticencia a implementarlo, ya sea debido a sus costos, mantenimiento y las desventajas que podría suponer para el statu quo que desean preservar. Sin embargo, cada día observamos en las noticias actuales que una de las formas que está causando graves daños en empresas e instituciones es el fraude.
El panorama internacional también muestra que el uso de Empresas Fantasma es una de las formas para obtener beneficios económicos, lo cual está cobrando mayor relevancia en la contratación e inversión pública, muchas veces con la complicidad de directivos y funcionarios públicos.
Los casos de malversación de fondos, tráfico de influencias, soborno, fraude financiero o conflicto de intereses son los tipos de corrupción más frecuentes dentro de las empresas.gestion
Por lo tanto, es fundamental contar con una auditoría forense capaz de realizar procedimientos que permitan analizar y detectar este tipo de situaciones en los procesos o transacciones de la organización.gestion
Quizás el principal debate se ha centrado en el sistema de atribución de dicha responsabilidad, es decir, la elección entre un modelo de autorresponsabilidad o de hetero responsabilidad. No obstante, esta controversia no solo se limita a aspectos teóricos o doctrinales, sino que también involucra ciertos aspectos con una influencia significativa en el ámbito práctico.
Ante todo, dada la acumulación de riesgos y peligros a los que pueden estar expuestas, la razón fundamental para la protección, prevención y defensa es que las organizaciones tienen una necesidad imperativa de implementar el cumplimiento normativo, o «compliance», el cual es un aspecto crucial en el proceso de defensa penal en Perú.gestion
Esto implica la instauración de políticas, procesos y controles eficaces para prevenir, detectar y mitigar infracciones legales o reglamentarias. En el contexto jurídico peruano, el compliance puede ser una herramienta poderosa para la defensa, ya que demuestra el compromiso y la responsabilidad de la organización con la legalidad y la ética empresarial.
Cobrando también una mayor importancia ante ello, la auditoría externa en el cumplimiento normativo, que permite la identificación de posibles riesgos de incumplimiento normativo, facilitando a la empresa la adopción de medidas preventivas y correctivas a tiempo.
La validación de procesos verifica que los procesos y controles internos de la empresa estén en conformidad con las regulaciones vigentes, lo que fortalece la posición de la organización ante posibles escrutinios. El asesoramiento experto brindado por los auditores externos ofrece orientación especializada sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo, contribuyendo a que la empresa se mantenga actualizada y en línea con los requisitos legales. Además, la participación de un auditor externo independiente genera mayor confianza y credibilidad en las acciones de cumplimiento de la empresa, tanto a nivel interno como externo.
El cumplimiento de las normas y regulaciones, conocido como Compliance en el proceso de defensa en Perú, es fundamental para el proceso legal. Los directivos, representantes, abogados y defensores deben asegurarse de que se cumplan todos los requisitos legales y procedimentales, lo que garantiza una defensa sólida y efectiva para sus clientes.
Como parte de la estrategia defensiva, me refiero a la carga probatoria al acreditar la eficacia o ineficacia de los sistemas de compliance, así como a las estrategias de mitigación de penas y las mejores prácticas para una defensa exitosa, dado que la omisión en establecer sistemas de cumplimiento forma parte del núcleo esencial del delito corporativo.
Es innegable que un sólido programa de compliance puede ayudar a mitigar la responsabilidad penal de la organización, al demostrar que se han implementado medidas efectivas para prevenir infracciones. Esto puede traducirse en una reducción de la pena o incluso en la exención de responsabilidad.
Fortalecimiento de la Defensa: El cumplimiento normativo proporciona a la defensa información y evidencia valiosa para respaldar su argumentación. Esto puede incluir registros de capacitación, auditorías internas, políticas y procedimientos documentados, entre otros elementos que demuestran el compromiso de la organización con el cumplimiento normativo.
Reputación y Confianza: Una sólida cultura de cumplimiento puede ayudar a preservar la reputación de la organización y generar confianza entre las autoridades y la comunidad. Esto puede ser fundamental en el proceso de defensa, ya que demuestra la integridad y el compromiso de la empresa con la legalidad.
Preservación de la Reputación: La defensa jurídica efectiva puede proteger la reputación de una empresa, evitando que se vea envuelta en escándalos o procesos judiciales que puedan dañar su imagen pública. Esto es crucial para mantener la confianza de los clientes, proveedores y otras partes interesadas.gestion
Optimización de Costos: Una estrategia de defensa jurídica bien planificada puede ayudar a reducir los costos asociados con procedimientos legales, multas y sanciones. Esto permite a la empresa destinar más recursos a su crecimiento y desarrollo.
Mitigación de Riesgos: Una defensa jurídica sólida puede ayudar a mitigar los riesgos legales a los que se enfrentan las empresas. Al contar con un equipo legal experimentado, se puede prevenir y abordar eficazmente cualquier infracción o acusación, reduciendo así el impacto negativo en la organización.
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Dr. Luis A. Meneses
Director de Consultoría
Compliance y Riesgos
Baker Tilly Perú
