Las empresas e instituciones, con un deber responsable aún mayor, deben asegurarse de que sus operaciones no solo sean eficientes y racionales, sino también eficaces en la protección de su patrimonio, inversiones y valores. Es fundamental que se comprometan firmemente a gestionar sus riesgos operacionales mediante procesos claros, útiles, transparentes y ágiles, proporcionando información oportuna para prevenir los peligros de la corrupción en sus diversas formas. La voracidad de la corrupción puede poner en peligro la reputación y la supervivencia de cualquier entidad jurídica y sus organizaciones.
Surge entonces una interrogante imperiosa: ¿Deben nuestras organizaciones cumplir con Obligaciones Cardinales que supervisen tanto las entidades privadas como públicas en el desarrollo de sus objetivos, operaciones y actividades? Estas obligaciones deberían abarcar procesos sistémicos gestionados de manera responsable, cumpliendo con la normativa vigente y respaldados por un sólido Gobierno Corporativo que establezca políticas y objetivos estratégicos claros. Este gobierno corporativo debería contar con normas, principios y procedimientos que regulen la estructura y el funcionamiento eficaz de los órganos de gobierno de la empresa o institución. Asimismo, se requiere políticas de compromiso riguroso para la gestión, administración o dirección, cumpliendo con las exigencias de eficiencia, productividad, transparencia, veracidad y buenas prácticas, manteniendo un comportamiento empresarial responsable y adecuado.
Es innegable que las organizaciones que han descuidado o ignorado el establecimiento de sus obligaciones cardinales de integridad e idoneidad en su conducta son, en última instancia, cómplices directos o indirectos en la creación de un entorno propicio para la corrupción. Este virus corrosivo mina fatalmente el patrimonio, las inversiones y los proyectos fundamentales para las operaciones de dichas organizaciones, al tiempo que distorsiona su misión. Además, constituye uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico, la inversión, la productividad, el empleo y la seguridad social a nivel mundial, con impactos significativos y costosos tanto en el sector privado como en el sector público. La corrupción incrementa los costos de transacción, debilita la competencia leal, derrocha recursos, merma la eficiencia productiva, distorsiona las prioridades de desarrollo, obstaculiza la inversión a largo plazo y ejerce un efecto corrosivo en su entorno. obligaciones
Con respecto a ello, hace unas semanas, la Contraloría General de la República del Perú reveló que en el año 2023 el total de actos de corrupción en el país ascendió a 24,268 millones de soles. Simultáneamente, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) emitió un informe especial que analiza el papel de las empresas en estos casos. Según el documento, un total de 1,431 personas responsables legales de diversas empresas están actualmente bajo investigación por delitos de corrupción en todo el territorio peruano. En varios de estos casos, además del representante legal, la empresa también podría ser considerada imputada o tercero civil responsable. La Procuraduría señala que el objetivo es «reducir los espacios de impunidad en el ámbito empresarial y, por otro lado, garantizar el futuro pago de las reparaciones civiles a favor del Estado“ (fuente: https://ojo-publico.com/sala-del-poder/hay-mas-1400-empresarios-investigados-por-corrupcion-el-peru).
Los delitos más comunes en las investigaciones en curso incluyen colusión, negociación incompatible y peculado. Estos casos involucran situaciones en las cuales el representante de la empresa habría firmado algún contrato de manera irregular con el Estado y ahora está siendo investigado por presuntos actos de corrupción. La lista abarca todos los procesos en curso que son seguidos por la Procuraduría anticorrupción y se encuentran en diferentes etapas fiscales y judiciales. obligaciones
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Un caso recurrente de corrupción se observa en las instituciones y empresas públicas o mixtas que involucran participación privada. Según un informe de la BBC, un caso actual involucra a Vitol, una de las principales comercializadoras de petróleo y sus derivados a nivel mundial, en un escándalo de corrupción en sus operaciones en América Latina. La gigante Vitol admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Ecuador para obtener información privilegiada y manipular la adjudicación de contratos con empresas energéticas estatales en estos países. Esta revelación fue hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado emitido el pasado diciembre. Una investigación de la unidad de Corrupción Internacional del FBI reveló las irregularidades. Entre 2005 y 2014, Vitol desembolsó más de US$8 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras, la petrolera estatal brasileña, a cambio de datos sobre competidores y políticas de precios, lo que le permitía mejorar sus ofertas y asegurar contratos con Petrobras. Vitol utilizó una red de intermediarios y una empresa ficticia para canalizar los pagos a través de cuentas en terceros países y finalmente entregarlos a los responsables de Petrobras implicados en la trama. Además, Vitol sobornó a funcionarios en México y Ecuador con más de US$2 millones entre 2015 y 2020 para obtener contratos de venta de productos derivados del petróleo y retener los existentes. Para ello, la compañía estableció un esquema de empresas de fachada que emitían facturas falsas por informes de consultoría ficticios y desviaban los fondos hacia empresas extranjeras involucradas en la trama, con pleno conocimiento de que serían utilizados para sobornar a funcionarios. (fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55738212).
El papel que desempeñan las organizaciones en la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de la legislación en el mundo empresarial es de suma importancia. Esto se logra a través del diseño de programas de Compliance, cuyo propósito es prevenir, detectar y mitigar el riesgo de conductas corruptas e irregulares. Dado que se prevé un aumento generalizado en la comisión de delitos conexos y adyacentes en más del 44%, es fundamental que las organizaciones implementen medidas preventivas efectivas. Estas medidas son esenciales para evitar la circulación de dinero ilícito, lo que incrementaría aún más los peligros y riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, sin importar su clasificación, tamaño o tipo, ya sean de naturaleza privada o pública.
Es fundamental para las autoridades públicas, directivos y funcionarios reconocer las razones críticas que los impulsan a adoptar una tarea prioritaria de deber con responsabilidad primordial: establecer un robusto Gobierno Corporativo con sistemas de prevención y gestión. Este gobierno corporativo debe contener principios generales que orienten la creación de un sistema de prevención centrado en la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), así como una gestión estratégica de riesgos operacionales con políticas prácticas de debida diligencia y directrices claras sobre cómo implementarlo. Es crucial contar con un equipo directivo idóneo, independiente y comprometido para evitar estos ilícitos, promoviendo la conducta ética y adoptando un enfoque basado en el riesgo. Los indicadores de control estratégicos deben estar alineados con la gestión de la empresa, sus antecedentes históricos, su nivel de exposición y otros factores relevantes. Además, se obliga a las organizaciones a diseñar un marco normativo interno con políticas corporativas que fomenten las buenas prácticas, la responsabilidad y el compromiso con el cumplimiento normativo. Estas políticas deben adaptarse a los riesgos específicos derivados de la actividad de la organización, permitiendo ajustar el diseño, las características o el funcionamiento de los servicios. Es importante destacar que los sistemas de Cumplimiento y Compliance serán efectivos si se diseñan a medida para satisfacer las necesidades específicas de la organización y no se basan en recetas estándar, lo cual sería imprudente y podría resultar en una decisión de inversión errónea con riesgos elevados que ningún directorio desearía asumir.
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Dr. Luis A. Meneses
Director de Riesgos Operacionales y Consultoría
Baker Tilly Perú