Perú enfrenta cifra récord en sospechas de lavado de activos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que, entre enero y agosto de este año, se reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos por un valor estimado de US$ 3,718 millones, lo que marca un récord histórico y supera ligeramente el máximo alcanzado en 2020, cuando se registraron US$ 3,700 millones.

De acuerdo con la jefa de la UIF, Verónica Boza, este crecimiento sostenido refleja el gran desafío que enfrenta el país en la lucha contra el crimen financiero. La funcionaria señaló que la magnitud de las cifras obliga a redoblar esfuerzos en materia de prevención, supervisión y cooperación interinstitucional.

Uno de los aspectos destacados por la funcionaria es el papel de los agentes de aduanas en la detección de oro de procedencia ilegal al exportarlo; además, se han identificado destinos recurrentes como India y Emiratos Árabes Unidos.  lavado

A nivel regional, los estudios del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) muestran que delitos como la corrupción y el soborno han escalado en importancia, así como el fraude y los delitos ambientales, los cuales antes eran marginales.

Boza recordó también los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2021, donde la minería ilegal se identificó como el delito con mayor riesgo, seguida por los delitos contra la administración pública y el tráfico ilícito de drogas. lavado

Hasta agosto de 2025, la UIF ha recibido más de 162,000 reportes de operaciones sospechosas que suman un monto que supera los US$ 330 mil millones acumulados desde 2015.

Aunque advierte que no todo este monto puede corresponder al dinero lavado en Perú, ya que una misma operación puede ser reportada por distintas entidades, la creciente frecuencia y escala de los reportes muestran una situación que exige acción inmediata.

Como respuesta, se ha planteado la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales del sector, incluyendo la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, mejorar la calidad de los reportes, y aplicar enfoques de riesgo entre los más de 10,000 sujetos obligados que colaboran en el sistema.