La Ley N° 32069 de Contrataciones Públicas introduce un marco de normas para agilizar la adquisición de bienes, servicios y proyectos de infraestructura por parte del gobierno.
La Ley N° 32069 de Contrataciones Públicas introduce un marco de normas para agilizar la adquisición de bienes, servicios y proyectos de infraestructura por parte del gobierno.
Esta ley tiene como objetivo establecer el marco normativo necesario para garantizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras. Además, regula la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento.
En este contexto, la ley tiene como objetivo optimizar el uso de recursos públicos en la contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado, garantizando eficacia, eficiencia y economía.
De esta manera, las contrataciones buscan asegurar el cumplimiento oportuno de los objetivos públicos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Con este fin, la norma define las funciones, responsabilidades y obligaciones de los actores que participan en la contratación pública, que son la
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la Central de Compras Públicas (Perú Compras), las entidades contratantes y los proveedores.
Además, regula las modalidades y herramientas para lograr una contratación pública eficiente, define el proceso de contratación, establece las pautas para la resolución de disputas que puedan surgir en las contrataciones públicas y determina las directrices del régimen de infracciones y sanciones aplicables a dichas contrataciones.
La norma también establece procedimientos especiales para la contratación pública. Además, aclara que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley N° 32069 se regirán por las normas que estaban vigentes en el momento de su convocatoria.
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Fuente: El Peruano