El pasado 3 de julio se oficializó la Ley N° 31507, Ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria.
El pasado 3 de julio se oficializó la Ley N° 31507, Ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria.
El pasado 3 de julio se oficializó la Ley N° 31507, Ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, el cual modifica el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para facultar a los dos órganos de acceder a información de depositantes, deudores, entre otros, siempre que exista «una decisión motivada».
Al ser una reforma constitucional, la ley necesitaba ser aprobada por dos legislaturas diferentes del Congreso. Así, una primera ley (Ley N° 31305) fue promulgada en julio del 2021 y necesitaba una segunda votación, el cual se efectuó en junio de este año.
En el caso de la Contraloría de la República, este órgano de control solo podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario -es decir, ingresos, propiedades, etc.- de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles de gobierno y en el marco de una acción de control.
En el caso de la SBS, podrá recurrir al levantamiento del secreto bancario su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los casos registrados en su Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
De acuerdo a data de la SBS, solo a abril de este año, se han registrado 5,757 ROS, alertadas en un 44% por bancos, 26% por notarios públicos, 8% por empresas de transferencias de fondos (ETF) y 5% por empresas de compraventa de vehículos.
El exjefe de la SBS, Juan José Marthans, la Superintendencia podría solicitar el levantamiento para estos casos registrados, pero indicó que la SBS no acusa, sino que detecta patrones de comportamiento sospechoso para luego derivarlos al Ministerio Público y agilizar la investigación.
La UIF, en su último reporte, ha podido detectar que, entre abril del 2021 y marzo del 2022, hay US$316 millones en el sistema financiero involucrados a posibles delitos como defraudación tributaria, tráfico ilícito de drogas, así como por corrupción de funcionarios (enriquecimiento ílicito).
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Fuente: Diario Gestión