La corrupción: el dique roto del crimen económico en el Perú.
La minería ilegal muestra el tamaño del agua que se desborda. La corrupción explica por qué el dique no pudo contenerla.
Durante años hemos intentado comprender el lavado de activos observando la etapa final del recorrido: el dinero que ingresa al sistema financiero, la empresa utilizada como fachada, el inmueble adquirido mediante testaferros o el patrimonio que no guarda relación con los ingresos declarados.
Esa mirada es necesaria, pero insuficiente.
El lavado de activos no nace por generación espontánea. Para que exista dinero que lavar, antes tuvo que cometerse una actividad delictiva capaz de producirlo: corrupción, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, contrabando, defraudación tributaria u otra forma de criminalidad lucrativa.
Pero hay una pregunta: ¿qué permite que estas economías ilícitas operen durante años, crezcan, movilicen miles de millones de dólares y terminen integrándose en la vida económica del país?
Mi respuesta es directa: La corrupción es el dique roto del crimen económico en el Perú.
El dique institucional
Un dique no hace desaparecer el agua. La contiene y evita que una fuerza potencialmente destructiva inunde todo lo que encuentra a su paso.
En una democracia, ese dique está formado por instituciones, controles, policías, fiscales, jueces, gobiernos regionales, municipalidades y organismos supervisores encargados de impedir que las actividades ilícitas se extiendan.
Cuando esas estructuras funcionan, el delito enfrenta obstáculos, riesgo de detección, pérdida de activos y posibilidades reales de sanción. Cuando la corrupción las debilita, el dique comienza a agrietarse.
Una licencia irregular abre una fisura. Una inspección omitida abre otra. Un policía que alerta sobre un operativo, un funcionario que modifica un informe, una autoridad que protege una ruta o un expediente que deja inexplicablemente de avanzar terminan convirtiendo las fisuras en verdaderas compuertas.
Llegado ese punto, el Estado ya no contiene al delito. En ocasiones, incluso, trabaja para él.
Un delito habilitador
La corrupción suele aparecer en las estadísticas junto con la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas o los delitos tributarios, como si fueran actividades independientes que compiten por ocupar el primer lugar.
Ese enfoque es equivocado.
La minería ilegal necesita territorios donde la fiscalización no llegue o llegue tarde. Necesita maquinarias, combustible, plantas procesadoras, documentos de procedencia y mecanismos para introducir el oro en cadenas aparentemente legales.
El tráfico ilícito de drogas necesita corredores seguros e información anticipada sobre operativos. La trata de personas requiere locales que continúen funcionando pese a las denuncias. La defraudación tributaria de gran escala necesita empresas instrumentales, operadores profesionales y, en ciertos casos, funcionarios dispuestos a no mirar.
En estos circuitos aparece una constante: alguien que hace lo que no debe, deja de hacer aquello a lo que está obligado o utiliza el poder público para beneficiar un interés criminal.
La corrupción no es únicamente uno de los posibles delitos precedentes del lavado de activos. Es también la infraestructura invisible que reduce los riesgos del delincuente, prolonga la actividad ilegal y aumenta su rentabilidad.
La dimensión del problema
Un ejercicio referencial elaborado con estimaciones públicas permite aproximarnos a su magnitud:
Corrupción e inconducta funcional, US$6.800 millones; minería ilegal, US$12.000 millones; contrabando y piratería, US$2.000 millones; y tráfico ilícito de drogas, US$1.500 millones. En conjunto, US$22.300 millones.
Si se incorpora una brecha estimada de US$17.000 millones por evasión y elusión tributaria, la magnitud agregada alcanza US$39.300 millones anuales: aproximadamente el 58% del presupuesto público de 2025 y el 11,5% del PBI estimado para ese año.
La precisión es indispensable. Estas cifras provienen de fuentes, metodologías y periodos distintos; pueden contener superposiciones y no constituyen una medición oficial consolidada. La elusión, además, no es necesariamente ilícita y debe diferenciarse de la evasión.
Pero incluso con esas reservas, el mensaje permanece: no estamos hablando solamente de dinero perdido. Estamos hablando de poder económico acumulado fuera de la ley.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, las exportaciones peruanas de oro de origen ilegal habrían superado los US$11.500 millones en 2025. Por su parte, la Contraloría ha calculado reiteradamente pérdidas anuales de varios miles de millones de dólares por corrupción e inconducta funcional.
Podría sostenerse que la minería ilegal desplazó a la corrupción como principal problema económico. Esa lectura sería superficial. Para alcanzar semejante escala, la minería ilegal debe atravesar controles territoriales, administrativos, policiales, tributarios, aduaneros y financieros.
La minería ilegal muestra el tamaño del agua que se desborda. La corrupción explica por qué el dique no pudo contenerla.
Seguir las decisiones
Las organizaciones criminales aprenden. Comprenden que resulta más rentable no sobornar cada vez que necesitan algo, sino controlar a quien toma las decisiones. Intentan influir en nombramientos, colocar funcionarios, capturar organismos y moldear las normas que deberían perseguirlas.
Se pasa así de la corrupción ocasional a la captura institucional.
Eso explica por qué muchas operaciones ilícitas no parecen clandestinas. Tienen contratos, comprobantes, autorizaciones, registros, cuentas bancarias, empresas constituidas y profesionales que las asesoran.
El lavado contemporáneo no siempre oculta el dinero debajo de la mesa; con frecuencia construye una mesa aparentemente legal para colocarlo encima.
Una política seria contra el crimen económico debe investigar no solo el patrimonio ilícito, sino también las decisiones que lo hicieron posible.
¿Quién autorizó? ¿Quién omitió fiscalizar? ¿Quién anticipó el operativo? ¿Quién modificó el registro? ¿Quién permitió que una empresa continuara funcionando?
Seguir el dinero es indispensable. Pero también debemos seguir las decisiones.
El lavado de activos convierte el dinero ilícito en poder económico. La corrupción convierte ese poder en protección e impunidad. El dinero compra decisiones y las decisiones protegen al dinero.
Un delito puede comenzar sin corrupción. Lo que difícilmente puede hacer es crecer, consolidarse y alcanzar escala industrial sin encontrar tolerancia, protección, omisión o captura institucional.
Esa es la tesis del dique roto.
Mientras ese dique permanezca fracturado, podremos incautar bienes, intervenir operaciones y detener personas. Obtendremos resultados, algunos incluso importantes.
Pero el agua seguirá pasando.
Dr. Daniel F. Ramsay
Socio de Consultoría y SPLAFT
Baker Tilly Perú
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