Elecciones presidenciales 2026: Punto de quiebre.
Elecciones presidenciales 2026: Punto de quiebre.
El Perú ha votado. Y como suele ocurrir, el análisis público se concentra en los ganadores, en las alianzas posibles y en la gobernabilidad. Es comprensible. Pero desde la perspectiva de quienes trabajamos en prevención de lavado de activos, la pregunta relevante es otra: ¿qué intereses han logrado posicionarse detrás del poder político que empieza a configurarse?
Porque el riesgo no empieza después de las elecciones. Empezó mucho antes.
En un país donde la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales han alcanzado niveles de sofisticación empresarial, pretender que el sistema político es inmune a su influencia: es peligroso. Estas economías no necesitan capturar todo el Estado; les basta con influir en partes clave. Y la política, fragmentada y financieramente opaca, suele ser un punto de entrada eficiente.
Bicameralidad: una oportunidad…
o una ilusión
El retorno a la bicameralidad se ha presentado como una mejora institucional. En teoría, lo es. Un sistema con doble revisión puede elevar la calidad normativa y frenar impulsos populistas que, en más de una ocasión, han debilitado estándares de transparencia y control.
Lo cierto es: ningún diseño institucional funciona por sí solo.
Si el Senado replica las mismas lógicas de financiamiento opaco, de captura de iintereses o de debilidad técnica, el “doble filtro” será apenas una formalidad. Peor aún, podría sofisticar la apariencia de legalidad de decisiones que, en el fondo, responden a intereses particulares.
La pregunta no es si tendremos dos cámaras. La pregunta es si tendremos mejores decisiones.
Más actores políticos, más riesgo…
y menos visibilidad
La fragmentación política que deja este proceso electoral tiene una consecuencia directa que pocas veces se menciona: expande de manera significativa el universo de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y, con ello, los puntos de riesgo.
Más partidos, más candidatos, más operadores, más financistas. Más complejidad.
Y en ese escenario, identificar al beneficiario final el verdadero decisor detrás del capital se vuelve un ejercicio cada vez más difícil. No porque no existan normas, sino porque la trazabilidad se diluye entre estructuras informales, intermediarios y relaciones que no siempre dejan rastro documental.
Aquí es donde el cumplimiento meramente formal deja de ser suficiente. Las organizaciones que operan en el país tendrán que decidir si quieren cumplir… o realmente entender el riesgo.
La estabilidad jurídica no es un discurso: es un activo frágil
Se habla mucho de estabilidad jurídica como si fuera una consecuencia automática del orden democrático. No lo es.
La estabilidad es, en realidad, un activo frágil que depende de la consistencia de las decisiones públicas, de la autonomía de los reguladores y de la capacidad del Estado para resistir presiones indebidas.
Cuando esa capacidad se debilita, el impacto no es inmediato. No hay un quiebre visible. Lo que ocurre es más sutil: se erosionan estándares, se flexibilizan controles, se normalizan excepciones. Y cuando uno quiere darse cuenta, el entorno ya cambió.
Desde la lógica de gestión de riesgos, ese es el peor escenario: el que avanza sin ruido.
Una responsabilidad que no es solo del Estado
Existe una idea cómoda y equivocada que la lucha contra el lavado de activos es responsabilidad exclusiva del Estado. No lo es.
El sector privado, los oficiales de cumplimiento, los directorios y quienes tomamos decisiones en las organizaciones tenemos un rol igual de determinante. Somos, en muchos casos, la última línea de defensa antes que los capitales ilícitos se integren plenamente en la economía formal.
Y esa responsabilidad no se mide en manuales ni en reportes. Se mide en decisiones concretas: a quién se acepta como socio, inversionista, cliente, proveedor o colaborador, qué señales se ignoran, qué preguntas se dejan de hacer.
El tiempo nos enseña que el mayor riesgo no suele estar en lo desconocido, sino en aquello que decidimos no mirar con suficiente detenimiento.
El punto de quiebre
El Perú no enfrenta únicamente un reto político. Enfrenta un punto de quiebre en su capacidad para sostener una economía formal que no sea progresivamente contaminada por capitales de origen ilícito.
Las elecciones han reconfigurado el tablero. Pero el verdadero partido el que no aparece en las cédulas de votación es el de la integridad del sistema.
Este partido, recién empieza.
La pregunta es:
¿Vamos a jugarlo en serio? elecciones
Dr. (c) Daniel F. Ramsay
Socio de Consultoría y SPLAFT
Baker Tilly Perú
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